Articulación productiva y financiera mediante depósitos y crédito en Bolivia, 2006-2021: experiencia de fomento productivo para el bien común

Introducción

En los “tiempos de la incertidumbre sistémica, es decir, radical” (Boyer, 2022: 93) es importante analizar experiencias que generaron políticas capaces de alcanzar estabilidad y desarrollo integral. La experiencia de fomento productivo para el bien común en Bolivia ocurre en el contexto donde se buscan respuestas para enfrentar los retos en la pospandemia. La irrupción de la pandemia provocada por la Covid-19 en los primeros meses del 2020 desencadenó la crisis económica y social más grave de la historia reciente de América Latina (Cepal, 2020). Para Robert Boyer (2022: 297) “toda gran crisis financiera, económica, política o sanitaria demuestra la fragilidad de un orden heredado del pasado y, simultáneamente, se abre a la oportunidad de una ruptura y de innovaciones”. Frente a tal incertidumbre, las enseñanzas del modelo económico social comunitario productivo (MESCP) representan una diferencia en las trayectorias convencionales que se han experimentado por los gobiernos latinoamericanos para enfrentar la pandemia (Rojas y Castaño, 2022; López y Basilio, 2022).

En la experiencia del modelo económico en Bolivia es la coordinación de políticas económicas con objetivos comunes lo que garantizó la articulación de procesos productivos y mecanismos financieros que profundizaron el rol social del sistema financiero, a fin de contribuir al desarrollo productivo y a la satisfacción de las necesidades de desarrollo integral. La vigencia del MESCP puede dividirse en dos periodos. El primero de 2006 al 2018, que se interrumpió en el 2019, por un gobierno de facto. El segundo periodo se establece después de las elecciones convocadas en octubre de 2020, que dio paso a un gobierno constitucional respaldado por más de 55 por ciento del total de los votos emitidos, otorgando estabilidad y certidumbre política a la sociedad y economía con la oportunidad de retomar la senda de crecimiento.

Para tal propósito se analiza las características de los servicios financieros nacionales a través del comportamiento del ahorro por tipo de modalidad y el uso productivo del crédito mediante el microcrédito en moneda nacional destinado principalmente a la producción y a la vivienda de interés social con lo que se logró reducir las brechas locales entre lo productivo y financiero para el bien común. El documento se divide en tres momentos, en el primero se destacan los principios del nuevo patrón de reproducción social, cuya esencia se establece en la nueva Constitución Política del Estado Boliviano y se ejecuta en los objetivos del MESCP y del plan nacional de desarrollo de la economía plural boliviana. En el segundo momento se busca exponer las articulaciones productivas y financieras que permitieron una experiencia del rol social del sistema financiero para el fomento productivo en el bien común. Finalmente se ofrecen conclusiones generales destacando las potencialidades de la coordinación entre políticas para garantizar articulaciones productivas y financieras para crear condiciones de justicia económica e igualdad social, lo que busca contribuir a una experiencia exitosa durante la pospandemia.

I. Nuevo patrón de acumulación centrado en la reproducción social

Actualmente, las relaciones capitalistas de producción prevalecen a escala planetaria, lo que quiere decir que la relación capital-trabajo es la relación de producción dominante, y que la acumulación de capital es la forma principal del uso del excedente económico (Guillén, 2021). Por lo que el patrón de acumulación o regímenes socioeconómicos son una modalidad de funcionamiento de las economías nacionales en un determinado momento histórico (Valenzuela, 1996: 129-130; Boyer, 2022: 153-178). Sin embargo, como nos advierte Arturo Guillén (2021: 09), “no existen en el capitalismo leyes económicas universales, válidas en todo tiempo y lugar (…) lo que obliga a entender las distintas etapas por las que transcurre y a aprehender sus formas concretas de operación en los distintos países”. De ahí surge la posibilidad de analizar una experiencia históricamente determinada donde el patrón de acumulación hegemónico no sea capitalista.

Se trata de conocer las leyes objetivas del desarrollo material para “usarlas en beneficio propio. O sea, una vez más, esto exige partir del reconocimiento de lo que es América Latina” (Valenzuela, 1990: 15). Lo que exige volver a la especificidad de América Latina como condición para aprehender su realidad. Celso Furtado (1983: 108-109), primer teórico del subdesarrollo, advierte que las modificaciones de un patrón de acumulación de la periferia “se inducen desde el exterior”, entonces, “la verdadera transformación en el plano de la formación del excedente” sucede en su apropiación y el perfil de la demanda interna, es decir, “lo que caracterizó la formación de la periferia fue la dinamización de la demanda interna y el atraso en la acumulación reproductiva”.

En las características que señalan Valenzuela (1990) y Guillén (2001), parten del supuesto de que el capitalismo es el sistema dominante, por lo cual se refiere a “una modalidad, históricamente determinada, de funcionamiento del capitalismo. Es decir, a ciertas formas que asume el proceso de valorización y de acumulación capitalista, por medio de las cuales el sistema procesa sus contradicciones e impulsa el proceso de crecimiento y desarrollo” (Valenzuela, 1990: 131). En el mismo orden de ideas, Jaime Osorio (2015: 217) sostiene que “tenemos un patrón de reproducción de capital cuando en espacios geoeconómicos y en periodos históricos determinados el capital traza (descubre) un camino específico para reproducirse y valorarse, el cual tiende a repetirse en sus procesos fundamentales”.

En síntesis, en un patrón de acumulación la reproducción del capital tiende asumir formas particulares en determinados momentos históricos, las cuales apuntan a reproducirse en ciclos repetitivos en sus aspectos más centrales. Para Robert Boyer (2022: 256) se pueden identificar en el capitalismo tres regímenes socioeconómicos poscoronavirus: 1) modelo antropogenético; 2) capitalismo de plataformas y, 3) capitalismo de Estado en dos versiones: China y populismos “democráticos”.

En los populismos “democráticos”, la especificidad de las economías periféricas latinoamericanas “está definida por la heterogeneidad interna de sus relaciones de producción y por su relación con las economías centrales dominantes” (Guillén, 2021: 09). Estamos ante la necesidad de identificar en cada periodo histórico los elementos estructurales que determinan un modelo “para captar los fenómenos económicos en desarrollo y como aspectos de un proceso más amplio de cambio social” (Furtado, 1968: 37).

Un patrón de acumulación desde las economías periféricas puede asociarse a la manera en la que se produce y apropia el excedente y la relación con la acumulación reproductiva (Furtado, 1968). Lo que entonces determina un estilo de desarrollo y una estrategia particular para alcanzarlo. El primero se relaciona mediante “una sociedad se moviliza y define su modalidad concreta en un momento histórico determinado, mientras que la segunda se identifica con el conjunto de políticas aplicadas a ese momento concreto” (Guillén 2021: 10).

Siguiendo este orden de ideas puede existir la posibilidad de que una sociedad defina su modalidad de régimen de acumulación no capitalista, es decir, una vía no capitalista al desarrollo (Hinkelammert, 1970). Dicha tesis supone las siguientes consideraciones: a) es un modo de producción distinto al capitalista; b) su poder económico se legitima mediante una representación popular, y es simultáneamente; c) fruto de la movilización del pueblo (Hinkelammert, 1970: 112-113). A partir de este momento, como fruto de las luchas y de las relaciones sociales, es que se puede hablar de un horizonte de opciones en el régimen de acumulación.

En la experiencia boliviana de 2006-2018 y de 2020 a la fecha encontramos que el patrón de acumulación hegemónico no es la acumulación como transformación de la plusvalía en capital y sí un nuevo patrón de acumulación centrado en la reproducción social que fue producto de una movilización de la lucha popular. A lo largo de la historia -nos recuerda Robert Boyer- “los regímenes socioeconómicos se han podido estructurar de acuerdo a clases sociales” [por lo que] “se ha demostrado que la formación de un bloque hegemónico es una de las condiciones para la viabilidad de un régimen socioeconómico” (2022: 242-245). La llegada de Evo Morales al poder sólo fue posible mediante una sublevación política, democrática y popular; lo que abrió un horizonte de confianza y esperanza en un porvenir distinto y viable: un proyecto de transformación social con un nuevo bloque hegemónico.

La economía de mercado no es hegemónica en Bolivia, lo que prevalece es una economía plural de la periferia (Mendoza, 2020a). El principio rector del patrón de acumulación en Bolivia está construido en la concepción del vivir bien a partir de que se reconfigura el conjunto de las relaciones sociales. Para Robert Boyer (2022: 175) los partidarios de abandonar el capitalismo como salida al conjunto de crisis financiera, ambiental y sanitaria deben de “movilizar al Estado para que surja esa alternativa”, la experiencia boliviana da cuenta de esa premisa.

Una vez conquistado el poder político, se consolida una estructura estatal de un Gobierno Revolucionario con tres ejes de acción: plurinacionalidad, autonomía y economía plural. En su dimensión política la economía plural se aprobó en su nueva Constitución Política del Estado Boliviano (2009) con el referendo del 25 de enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero de 2009. La nueva Constitución señala que el modelo económico boliviano es plural y está orientado en el vivir bien de todas las bolivianas y todos los bolivianos. En ese sentido, la Constitución Política del Estado Boliviano sienta las bases para la construcción de un patrón de acumulación no capitalista, un nuevo patrón de acumulación centrado en la reproducción social.

La dimensión política de la economía plural como régimen de acumulación no capitalista se encuentra en la Constitución Política del Estado Boliviano, con la institucionalización de otras lógicas económicas que marcan un horizonte de larga duración. Para Darcy Ribeiro (1977), la formación económico-social en Bolivia pertenece a una configuración histórico-cultural que se sitúa en la Civilización Incaica (Bolivia, Perú y Ecuador) basada en la agricultura de regadío. Su principal característica la constituye su organización social fundada en una estructuración de carácter colectivista, un Estado teocrático altamente centralizado. Esta civilización pertenece a los pueblos testimonios¹ “que está integrada por los sobrevivientes de altas civilizaciones autónomas que sufrieron el impacto de la expansión europea, y el despojo de su historia” (Ribeiro, 1977: 95). Desde esta perspectiva los llamados países subdesarrollados son el resultado de procesos de actualización histórica, sólo explicables por la dominación externa y el desarrollo de otros pueblos, alcanzado a través de la expoliación de los demás. Sin embargo, “jamás consiguieron erradicar el cúmulo de costumbres, creencias y valores del antiguo ethos” conservando y transmitiendo “de generación en generación, fragmentos de los viejos valores, formando células híbridas”, continuando, siendo “fieles a su identidad étnica conservando modos de conducta y concepciones del mundo” (Ribeiro, 1977: 117-118). Es sobre el reconocimiento de esta base con principio comunitario cultural de donde debe partir el entendimiento del nuevo patrón de acumulación, en otras palabras, “se requiere explicitar el lugar de enunciación, es decir, desde dónde se está pensando y escribiendo acerca de alternativas (…) y es desde los Pueblos Ancestrales Milenarios” (Eschenhagen, 2019: 184).

Lo anterior es una de las características estructurales en América Latina: su heterogeneidad interna de sus relaciones de producción que representan, a la vez, su especificidad histórica. Siguiendo esta necesidad de captar la especificación del subdesarrollo, Furtado (1968: 203) reconoce que en la estructura económica subdesarrollada coexisten tres sectores:

Esta articulación estructural de diversas lógicas productivas se encuentra en Bolivia, formando una economía plural de la periferia. En este sentido, se rescata de la constitución el esfuerzo por la institucionalización de principios y prácticas tradicionales no capitalistas en diversos ámbitos de la vida social que en ese país prevalecen (Loritz y Muñoz, 2019).

En el contexto de la nueva constitución se encuentran “los fundamentos para la construcción de otra economía, entendida en el caso boliviano como una economía plural, social y comunitaria” (Loritz y Muñoz, 2019: 51). Como plantea la nueva constitución en su artículo 306, el modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos. La economía plural está constituida por las formas de organización económica, comunitaria, estatal, privada y social, cooperativa. La economía plural articula diferentes formas de organización económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. Se trata del reconocimiento de todas las formas de organización económica que coexisten, se articulan y son complementarias. En esa diversidad de formas de organizar el trabajo, existen experiencias que se reproducen por fuera de una economía de mercado, generando relaciones de producción familiar, comunitaria y asociativa.

A partir del nuevo sentido que se le da a la economía en la nueva Constitución, surgirán “nuevas leyes y políticas en Bolivia que permitirán reorientar los marcos regulatorios, redefinir el sentido de la economía, transformar las prácticas y disputar espacios al capitalismo” (Loritz y Muñoz, 2019: 51). La nueva Constitución representa el andamiaje jurídico para fomentar un patrón de acumulación no capitalista² conducido por el Estado Plurinacional como regulador y promotor para fomentar formas económicas no capitalistas de matriz indígena, comunitaria y cooperativas. La estrategia de un Estado Plurinacional es reconocer e impulsar la pluralidad económica; en su artículo 307 la Constitución añade que el Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria que comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social no mercantil, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos: el vivir bien.

Es aquí donde radica la fuerza del nuevo horizonte político trazado en la constitución, “la importancia de los esfuerzos hacia la descolonización, la construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en el vivir bien y en la institucionalización de otra economía, tomando como fuente los modos de vida ancestrales como una respuesta civilizatoria” (Loritz y Muñoz, 2019: 54). Esto implica convertir estas experiencias comunitarias y los principios del vivir bien en una alternativa sistémica al capitalismo y la modernidad. Como resultado, la constitución sienta las bases para un patrón de acumulación de reproducción social y es en el plan de desarrollo económico y social donde se pone en marcha, mientras que el MESCP representa los cimientos para la construcción de la posibilidad de un régimen de acumulación no capitalista.

De acuerdo con el plan de desarrollo (PDES, 2007: 16), el patrón de acumulación

Estamos ante una lógica productiva que se encamina para lograr una armonía entre el sujeto y la naturaleza, es la comprensión de que “la preocupación central es la vida y las condiciones que se requieren para garantizarlas a lo largo del tiempo” (Eschenhagen, 2019: 195). Desde la perspectiva de los saberes indígenas no existe la concepción de un proceso lineal de la vida que establezca un estado anterior y posterior, a saber, de subdesarrollo y desarrollo. Tampoco existen conceptos de riqueza y pobreza determinados por la acumulación capitalista y la carencia de bienes materiales. Existe un vivir bien que es el acceso y disfrute de los bienes materiales y de la realización afectiva, subjetiva y espiritual; en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos (PDES, 2015: 10).

El vivir bien es la expresión cultural que condensa la forma de entender la satisfacción compartida de las necesidades humanas, más allá del ámbito de lo material y económico. A diferencia del concepto occidental de “bienestar”, que está limitado al acceso y a la acumulación de bienes materiales, incluye la afectividad, el reconocimiento y prestigio social. En tal sentido el patrón de acumulación “está destinado a mejorar y ampliar las opciones, condiciones y capacidades humanas desde el respeto a la diferencia, sin homogeneizar a las comunidades, a los pueblos y a los individuos, sino a fortalecer su cohesión mediante la heterogeneidad” (PDES, 2007: 15).

En Bolivia, un país multiétnico y pluricultural,³ el patrón de acumulación responde a una lógica plurinacional de convivencia civilizatoria, se trata de un nuevo patrón de reproducción social que se basa en la concepción del vivir bien, propia de las culturas originarias e indígenas de Bolivia y se aleja del modelo antropogenético porque da cuenta de un modelo que respeta a la ecología y los derechos sociales (Boyer, 2022). En el siguiente apartado se describen las implicaciones de un patrón de acumulación centrado en la reproducción social en el rol del sistema financiero, analizando la articulación productiva y financiera mediante depósitos y crédito en Bolivia, 2006-2018 y 2020 en adelante. Se trata de destacar una experiencia de fomento productivo para el bien común.

II. Articulación productiva y financiera de fomento productivo para el bien común

El 10 de noviembre de 2019, con el golpe de Estado y el gobierno de facto, en Bolivia se puso fin al primer periodo del ciclo largo de la “política económica de la revolución democrática y cultural” (García, 2020: 13), y a inicios del 2020, la pandemia tomó por sorpresa a todos frente a un virus desconocido. Dichas circunstancias pusieron a prueba las fortalezas del MESCP.

Bolivia contaba con un proyecto económico que conjugaba tres elementos: soberanía monetaria, estabilidad macroeconómica y desarrollo económico y social (BCB, 2018), con proyección al 2025, para fortalecer su modelo económico, esto es, para consolidar el patrón de acumulación centrado en la reproducción social de la vida y no en el capital. De acuerdo con la agenda patriótica 2025, se habían establecido 13 pilares para construir la Bolivia digna y soberana. La agenda patriótica 2025 formaba parte de la estrategia para la continuidad del MESCP. Para conseguir lo anterior, el Estado Plurinacional diseñó cuatro estrategias y trece pilares en su plan nacional de desarrollo (2016-2020) que representarían las estrategias jurídico-políticas con las cuales se garantiza el ordenamiento que sería el soporte de la economía plural. El pilar cinco aborda la “soberanía comunitaria y financiera” que organiza la arquitectura de las formas institucionales que contenía las principales medidas encaminadas a establecer y fortalecer la aplicación del MESCP en el ámbito financiero, en la gestión de los depósitos y crédito (PDES, 2015).

En el plan nacional de desarrollo también se planteó la creación del Sistema nacional de financiamiento para el desarrollo productivo nacional (Sinafid) que incluye al Banco de Desarrollo Productivo (BDP), cuyo propósito fue la gestión de financiamiento a través de la banca estatal de fomento representando el respaldo financiero para artesanos, micro, pequeñas y medianas empresas; productores campesinos, indígenas y organizaciones económicas. A través del Sinafid se facilitaría el acceso de las organizaciones económicas y sociales del campo y la ciudad, buscando ser un mecanismo de redistribución del ingreso nacional, financiando el desarrollo productivo y rural, impulsando la inversión en infraestructura productiva y social y articulando lo productivo y financiero como expresión del nuevo patrón de acumulación.

II.1. Rol social del sistema financiero

La función social de los servicios financieros se alcanza cuando se atiende a las actividades productivas de los sectores económicos que generan empleo e ingreso: agricultura, ganadería, turismo, vivienda, industria manufacturera y artesanal, comercio, a través de la micro y pequeña empresa, de organizaciones comunitarias que se encuentran en el área rural principalmente, logrando un impacto significativo en el bien común (Arce, 2020). Dentro del patrón de acumulación centrado en la reproducción social, el ahorro de la población fue producto de la redistribución del excedente económico que “si llegó a las familias bolivianas, especialmente a las de bajos ingresos” (Arce, 2020: 362). Otras razones fueron: el aumento del ingreso nacional, el fortalecimiento del mercado interno, el alto nivel de confianza de la población en las entidades de intermediación financiera. Así, los depósitos y la cartera de préstamos del sistema financiero se ubicaron en los niveles más altos de la historia reciente de Bolivia: el número de depositantes aumentó de 1´900,000 (1,9) en 2005 a 7´100,000 (7,1) en 2018.

En 2020 se implementaron medidas de protección social para contener la merma de ingresos y a la vez mantener la liquidez en el sistema financiero, en el sentido de que las políticas que favorecen a la estabilidad financiera contribuyen a la efectividad de la política monetaria y al desarrollo económico y social de Bolivia. En este contexto la actividad de intermediación financiera continuó en expansión, aunque a un menor ritmo, “posibilitada por la continuidad de la orientación expansiva de la política monetaria, la implementación de medidas destinadas a atenuar los efectos de la pandemia mediante la provisión de liquidez y el apoyo amplio pero focalizado en ciertos sectores para evitar impactos más severos” (BCB, 2020: VII). Mientras que la experiencia de los distintos gobiernos de América Latina para enfrentar a la pandemia se encaminaron a la “coordinación de la política monetaria, con una tasa de interés baja en línea con la política expansiva”, sin embargo, “los esfuerzos aún siguen siendo insuficientes” (Rojas y Castaño, 2022: 177).

En cuanto a la experiencia boliviana, en las cuentas de depósitos se experimentó la continuidad de la democratización en el acceso a los servicios financieros, por ejemplo, las cuentas entre 500 a 1,000 dólares aumentaron 4 por ciento durante el 2020, con respecto al 2019. La tendencia se mantiene al tercer trimestre del 2021, (Gráfica 1).

Gráfica 1

Bolivia: Número de cuentas de depósitos en el sistema financiero, por estratificación de monto, 2005-junio 2021. (En millones de cuentas).

Fuente: Elaboración propia en base a información de Autoridad de Supervisión del Sisema Financiero (ASFI) y Eco Bolivia, 2021. Ministro de Economía y Finanzas, Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

El aumento de las cuentas de depósito de menores ingresos y en moneda nacional representan condiciones para crear escenarios de justicia económica e igualdad social y la recuperación de la soberanía monetaria porque los ahorros en bolivianos permitieron un manejo soberano de la economía (Mendoza, 2020b).

El ahorro nacional fue motivado por dos instrumentos: el comportamiento de los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) y de los depósitos en la caja de ahorro. De acuerdo con el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, “como se sabe, este último instrumento es utilizado especialmente por las personas de menos recursos, porque puede disponer de su dinero en cualquier momento, aspecto que no sucede con los DPF” (Arce, 2020: 362). Hacia el 2018, la participación de los depósitos en cajas de ahorro se encontraba en 39 por ciento y los DPF participaban con 45 por ciento. Estos dos intermediarios financieros mantuvieron una dinámica de los depósitos durante el primer semestre de 2020. Los DPF, de largo plazo, se fortalecieron en el financiamiento estable. Esta dinámica se debió al crecimiento de los DPF de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) con recursos de la venta de títulos públicos al BCB, una medida no convencional de política monetaria (BCB, 2020: 15). El crecimiento de los DPF también se puede explicar por las tasas de interés. Por ejemplo, las tasas de interés pasivas para DPF en moneda nacional se mantuvieron en niveles similares a los observados en junio de 2019. Por su parte las tasas de interés activas en moneda nacional cerraron el primer semestre del 2020 con un importante descenso acorde con los esfuerzos del BCB, por mantener bajas las tasas de interés (Gráfica 2). Durante el 2020, los depósitos crecieron a una tasa anual de poco más de 5 por ciento (5.2) esto es, un incremento de 9´362,000 pesos bolivianos (Bs9.362 millones) (BCB, 2020: 14).

Gráfica 2

Bolivia: Depósitos del público en el sistema financiero, por modalidad de ahorro, 2005-febrero 2022. (En millones de dólares).

Fuente: Elaboración propia con base a información de Memoria de la Economía Boliviana 2018, mayo de 2019 y Rendición pública de cuentas 2019, 31 de diciembre de 2019, Ministro de Economía y Finanzas, Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia; Principales Variables del Sistema Financiero, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Estado Plurinacional de Bolivia, febrero 2022.

El crecimiento de los DPF con plazos mayores fortaleció el financiamiento estable del sistema financiero. Los depósitos a plazos mayores a 1.080 días mantuvieron un crecimiento sostenido de alrededor de 8´687,000 pesos bolivianos (Bs8.687 millones), resultado principalmente del incremento de los depósitos de inversionistas institucionales (BCB, 2020).

Durante los dos periodos del MESCP, la dinámica en el sector del microcrédito ha sido importante, promoviendo el acceso al crédito de actividades productivas de pequeña escala, y también la expansión de la cobertura de servicios financieros a las áreas rurales. El volumen de crédito colocado durante estos periodos en la economía boliviana creció de forma acelerada.

II.2. Articulación productiva y financiera

Entre 2005 y 2021 el crédito a las actividades productivas se incrementó 345 por ciento, siendo dos las medidas que incentivaron mayores colocaciones en el sector productivo: 1) reducción del encaje legal en moneda nacional, y 2) la vigencia de la nueva ley de servicios financieros (Ley No. 393). La cartera de créditos destinada al sector productivo que comprende las categorías de: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, extracción de petróleo crudo y gas natural, minerales no metálicos, industria manufacturera, producción, turismo, energía eléctrica y construcción. Las tasas de interés máximas para créditos productivos serían de acuerdo con el tamaño de la unidad productiva: a) grande y mediana, 6 por ciento; b) pequeña, 7 por ciento, y c) micro 12 por ciento (Arce, 2016: 370). Lo que promovió el acceso al crédito de actividades productivas de pequeña escala y también la expansión de la cobertura de servicios financieros a las áreas rurales.

Del total de los créditos otorgados a noviembre de 2019, 36 por ciento se destinaron a la manufactura, 26 por ciento a la construcción, 25 por ciento a la agricultura, mientras que 9 por ciento al turismo. A noviembre de 2019 el número de operaciones crediticias alcanzó a 648,796 beneficiarios, concentrando poco más de 68 por ciento del total de las colocaciones a las unidades económicas. Por tipo de crédito, la participación mayoritaria en el total de la cartera productiva la tuvo el microcrédito, concentrando casi 40 por ciento, y su incidencia fue de ocho puntos porcentuales (MEFP, 2019: 124).

Para el 2020 el crecimiento del crédito estuvo influenciado por factores como la continuidad de la orientación expansiva de la política monetaria y medidas destinadas a apoyar a los distintos sectores con la provisión de financiamiento en un escenario de emergencia sanitaria. El crédito fue el canal para el suministro de recursos a través del plan de emergencia de apoyo al empleo y estabilidad laboral a las empresas y del reciente programa nacional de reactivación del empleo para hacer frente a los impactos de la Covid-19 en la población, afectando tanto la demanda como la oferta (BCB, 2020: 17). En este sentido, la inyección de recursos para mantener la liquidez permitió un crecimiento anual de la cartera de cerca de 5 por ciento (4,8) unos 8´690,000 pesos bolivianos (Bs8.690 millones). El crédito al sector productivo registró también un crecimiento de alrededor de 5 por ciento (4.9) o lo que es lo mismo unos 3´753,000 pesos bolivianos (Bs3.753 millones) y se distribuyó de la siguiente forma: industria manufacturera 36 por ciento, agricultura y ganadería 24 por ciento, construcción casi 25 por ciento, turismo 8 por ciento (8.3) (Gráfica 3). Para Robert Boyer es el turno de los gobiernos de intervenir mediante el equilibrio de la política monetaria y fiscal en la gestión del ciclo económico, donde “las transferencias deben de complementar las garantías crediticias” (2020: 222).

Gráfica 3

Bolivia: Crédito Productivo, 2005-febrero 2022. (En millones de dólares).

Fuente: Elaboración propia con datos en Memoria de la Economía Boliviana 2018 y Rendición Pública de Cuentas 2019, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Estado Plurinacional de Bolivia y Sectores Priorizados, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Febrero 2022.

La articulación productiva y financiera encontró una mayor expansión dentro de los sectores productivos: agricultura, ganadería, turismo, vivienda, industria manufacturera y artesanal, comercio, servicios de transporte y otros servicios. La cartera de créditos otorgada al sector productivo representó cerca de 46.8 por ciento del total, mientras que casi 14.6 por ciento se destinó a la vivienda de interés social, beneficiando a 89,933 familias.

II.3. Redistribución de la riqueza en el bien común

La modificación del sistema financiero aparece como una condición para el nuevo patrón de acumulación, es decir, garantizar una tasa de crecimiento en promedio de alrededor de 5 por ciento (4.8) en el periodo de estudio. Como se señaló anteriormente, el Sinafid, a través del BDP, se convirtió en el mecanismo para redistribuir el ingreso nacional y financiar el desarrollo productivo, que permitirá la transición hacia una nueva estructura de financiamiento orientada al desarrollo productivo y el acceso a la vivienda (PDES, 2015: 110). El acceso a la vivienda representa un tema de justicia social y de redistribución de la riqueza. La ley define vivienda de interés social como aquella única vivienda sin fines comerciales destinada a los hogares de menores ingresos. Tan sólo del 2014 al 2018 los créditos de vivienda de interés social se incrementaron un 900 por ciento, pasando de 406 créditos a 3,802, respectivamente. Lo anterior se convirtió, también, en un método eficaz de la ampliación del mercado interno.

Durante el 2021 el crédito productivo y de vivienda de interés social lideraron la expansión de la cartera pese a una disminución de los requerimientos de niveles mínimos de cartera destinada a estos sectores (Gráfica 4). El crédito destinado a los hogares mostró un desempeño positivo, destacando el de vivienda de interés social con un crecimiento anual de casi 10 por ciento (9.8) es decir, 2´364,000 pesos bolivianos (Bs2.364 millones), acorde con la inyección de recursos al sistema financiero (BCB, 2020: 19). El crédito de vivienda de interés social se compone de dos apartados: el de crédito hipotecario⁴ y el de sin garantía hipotecaria.⁵ En el primero, el rubro de compra de vivienda individual o en propiedad horizontal representó 73 por ciento, mientras que, en el segundo, el crédito para refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento de vivienda individual o en propiedad horizontal, se ubicó en 84.4 por ciento.

Gráfica 4

Bolivia: Créditos de Vivienda de Interés Social, julio 2014-febrero 2022. (Millones de dólares).

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de Estabilidad Financiera, Banco Nacional de Bolivia, julio 2015 y enero de 2016; Inclusión Financiera y la Banca de Desarrollo en Bolivia, Luis Arce Catacora, Cepal, 31 de mayo de 2018; y Crédito de Vivienda de Interés Social, agosto 2015, octubre 2018 y noviembre de 2020, Serie de Información Estadística, Depósitos y Cartera de Crédito, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

En el contexto del MESCP, se promulgó la Ley núm. 393 de servicios financieros con el propósito de recuperar el papel rector del Estado en el sistema financiero y que los usuarios de la banca tuvieran un respaldo. La Ley núm. 393 de servicios financieros establece la regulación de las tasas de interés activas por parte del órgano ejecutivo del nivel central del Estado para los financiamientos destinados al sector productivo y vivienda de interés social. Sus ejes son: 1) la función del Estado en el sistema financiero; 2) protección del consumidor de servicios financieros; 3) estructura plural del sistema financiero y función social de los servicios financieros; 4) atención especial al sector productivo rural, así como el acceso de la población a la vivienda de interés social, y 5) estabilidad y solvencia del sistema financiero (Arce, 2020; PDES, 2015).

Lo anterior se tradujo en un mayor acceso de la población a los servicios financieros, estableciendo tasas mínimas de interés para los depósitos y definiendo tasas máximas y volúmenes de cartera para el crédito productivo y de vivienda de interés social. En suma, se trata de una experiencia de fomento productivo para el bien común.

En el contexto de la pandemia generada por la Covid-19, la experiencia en el conjunto de gobiernos latinoamericanos señala que “no han sido suficientes las políticas fiscales y monetarias implementadas para tener un efecto sobre la demanda agregada y, de esta manera, en el nivel de actividad y empleo” (Rojas y Castaño, 2022: 180). Así que, desde esta perspectiva, los gobiernos de dichas economías deben de replantear la necesidad de establecer, “en la pospandemia, la urgente necesidad de impulsar una recuperación económica en el corto plazo, pero que de manera simultánea genere condiciones para el cambio estructural” (López y Basilio, 2022: 189). A partir de los resultados obtenidos por el modelo económico social comunitario productivo en la experiencia boliviana se pueden identificar algunos lineamientos de un cambio estructural motivados por el nuevo patrón de acumulación en general y, en particular, la función del Estado en el sistema financiero como mecanismo para redistribuir el ingreso nacional, y financiar el desarrollo productivo que permita la transición hacia una nueva estructura de financiamiento orientada al bien común. Experiencia que deben de considerarse en un escenario de pospandemia.

A modo de conclusión

Una de las enseñanzas generales en la experiencia de la economía boliviana fue mostrar los límites de las políticas tradicionales ante los tiempos de la incertidumbre radical. El modelo económico social comunitario productivo representa un nuevo patrón de acumulación centrado en la reproducción social que favorece procesos que permiten regresar a economías funcionales para la vida y su experiencia pone en la delantera a Bolivia en la experiencia de respuestas necesarias. Sin desconocer que actualmente las relaciones capitalistas de producción prevalecen a escala planetaria y representan un régimen de acumulación hegemónico centrado en la relación capital-trabajo, la experiencia del MESCP representa un caso históricamente determinado, donde el patrón de acumulación hegemónico no es capitalista. En este contexto el rol que asume el sistema financiero es el de ser un mecanismo para crear condiciones de justicia económica e igualdad social mediante articulaciones productivas y financieras que representaron devolver el rol social al sistema financiero.

La articulación productiva y financiera se logró mediante la democratización en el acceso a los servicios financieros lo que incrementó las cuentas de depósito de menores ingresos y en moneda nacional, aumentó la cobertura a las áreas rurales y facilitó el acceso al crédito de actividades productivas de pequeña escala.

Se encontró evidencia que el microcrédito se concentró de manera importante en las actividades agrícolas, ganaderas, turísticas, artesanales y manufactureras, porque son las que generan el mayor número de empleos e ingreso. Mientras que el acceso a la vivienda, mediante la democratización del crédito, representa un tema de justicia social y de redistribución de la riqueza. La experiencia del rol social del sistema financiero en Bolivia para el fomento productivo en el bien común nos invita a valorar sus aprendizajes a fondo y extraer las lecciones para un porvenir ante una era de incertidumbre sistémica que se inauguró con la Covid-19.